El presidente de
Bolivia, Evo Morales, nacionalizó el petróleo y la empresa telefónica de su
país. Así, sigue cometiendo la osadía de cumplir lo que prometió en la campaña.
Los que se niegan a ceder privilegios, por su parte, continúan con la intención
de aprobar sus estatutos autonomistas para socavar el poder del Gobierno. En el
medio, el Senado aprobó un referéndum revocatorio donde Evo tendrá que validar
sus votos. Lo que pocos dicen es que el proyecto es una iniciativa de él: el
único “dictador”, junto a Chávez, que se somete al veredicto de las urnas.
Por Luis Zarranz
Para quienes
piensan, sienten y creen que América Latina tiene un destino común, es
imposible ser indiferente al proceso que transcurre en Bolivia, donde un
gobierno con fuerte arraigo popular sufre el acoso de las elites para hacerlo
desistir de sus propósitos.
Bolivia
atraviesa momentos de grandes definiciones. A nadie debería sorprenderle: siempre
que un país del Tercer Mundo comete la osadía de ejercer su independencia, y no sólo a
declamarla, los agoreros de siempre agitan los fantasmas del caos y el
desgobierno.
Evo Morales está
haciendo lo que en un mundo normal debería ser regla común: cumplir con lo
prometido en la campaña. Sin embargo, en un continente donde los gobernantes
suelen hacer lo contrario a lo que prometen, lo suyo suena a herejía. Y mucho
más cuando los que están enfrente son poderosos.
Así, la
oligarquía de las regiones más prósperas del país comenzó a articularse con el
objetivo de boicotear al Gobierno y los cambios que la sociedad boliviana reclama.
El 4 de mayo los
ciudadanos de Santa Cruz debieron votar, por “SI” o por “NO”, sobre un estatuto
autonomista cuyo propósito formal era finalizar con el centralismo de la
estructura política boliviana pero cuyo objetivo no declarado era minar los
cambios sociales alcanzando un control legal sobre los mismos. Un 84% de los
que fueron a votar –menos del 50% de los habilitados- votó por el “Si”.
El resultado
tiene dos lecturas: se dirá que la mayoría aprobó la autonomía. Pero sólo el
84% de la mitad de la población, los que fueron a votar, lo hizo a favor.
El estatuto
permitiría a Santa Cruz definir su política de tierras, de economía, de
educación, de salud y le permite crear una Asamblea Legislativa para aprobar leyes
departamentales y designar autoridades locales. El documento convierte al
prefecto en gobernador y dispone su elección por voto directo. En total, el
estatuto incluye 43 competencias locales exclusivas. Entre las más conflictivas
está el manejo de la tierra de esta rica región agroindustrial sin injerencia
del Estado central, lo que es denunciado por el gobierno como un intento de
frenar la reforma agraria en marcha.
El referendo
autonomista, organizado por los líderes opositores de Santa Cruz, no tiene
ningún valor legal y en este punto se han puesto de acuerdo casi todos los
constitucionalistas bolivianos. El único valor, que no es poco, es la posición
de la sociedad sobre el asunto.
El MAS de Evo
Morales no se opone al debate sobre las demandas autonómicas pero tiene
presente que tal como fue instrumentado solo tiene un objetivo: socavar las
transformaciones del primer presidente indígena en 182 años del país, cuya
población, paradójicamente, es indígena.
"Con el
pretexto de autonomía se quiere dividir el país, pero no vamos a permitir
ninguna división de Bolivia", sostuvo en aquel entonces Evo Morales. Junto
con la región agroindustrial Santa Cruz proclamaron simbólicamente sus
autonomías la gasífera Tarija (sur), la ganadera Beni (noreste) y la forestal
Pando (norte), que concentran dos tercios de la riqueza nacional.
Después de la nacionalización
de los hidrocarburos, la realización de la Asamblea Constituyente ,
la aprobación de la
Nueva Constitución Política del Estado, y con ello la
constitucionalización de cientos de derechos postergados durante siglos, es
evidente que las elites se sientas “amenazadas”.
Petróleo
boliviano
Tres días antes
del referendum, el 1º de mayo, el presidente boliviano cumplió con su principal
promesa de campaña y estatizó cuatro petroleras, ente ellas Andina, subsidiaria
de la hispano-argentina Repsol YPF.
Desde ese día,
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos tiene el 50% más una acción de
Andina, que explota 18 campos petroleros menores en forma directa y posee la mitad
de los dos pozos de gas más importantes del país, San Antonio y San Alberto, en
sociedad con Petrobras.
A Morales le
bastaron 6 millones de dólares para comprar el 1,08% de las acciones que
permitieron a la petrolera estatal asumir la mayoría accionaria de Andina. Puso
así punto final a un proceso de nacionalización iniciado exactamente dos años
atrás. El 1 de mayo de 2006, con sólo cuatro meses en el poder, Morales
estatizó el sector de los hidrocarburos y cumplió con su principal promesa de
campaña.
En aquel
entonces, la norma otorgó al Estado boliviano el 82% de las regalías de los principales
pozos gasíferos, exactamente lo mismo que antes se llevaban las petroleras. Este
1º de mayo, además, Evo decretó la nacionalización de Entel, propiedad en un
50% de la italiana Telecom. Morales ya había anunciado en enero de 2007 su
intención de recuperar Entel, pero las negociaciones se estancaron después de
que los italianos presentaran una demanda de arbitraje internacional que
Bolivia abandonó el año pasado.
Referéndum
revocatorio
Cómo si fuera
poco lo que ya sucede en Bolivia, el Senado aprobó la realización de un
referendo revocatorio que afecta al presidente Evo Morales, al vicepresidente
García Linera y a los gobernadores de los departamentos. La propuesta había
sido elaborada por el propio Morales hace medio año, pero la oposición congeló
esa iniciativa en espera de una ocasión propicia a sus intereses.
La oligarquía
boliviana confía en sacar a Morales del poder, pues si el referendum le es
adverso, el Presidente tendrá que convocar a nuevas elecciones. Aunque la
figura jurídica que permite revocar el mandato de un gobernante es común en
todas las legislaciones, en la práctica apenas se utiliza. El único precedente
de un referendum limpio y transparente ha ocurrido en Venezuela. Allí, pasó
algo nunca antes visto: un dictador
somete su mandato al voto popular.
Chávez obtuvo una respuesta a su favor por encima del
60% del electorado, a pesar de los millones de dólares que invirtió el gobierno
de Estados Unidos en su contra. El turno es ahora para Evo Morales. Será una
cita trascendental, en agosto, para medir fuerzas y dar nuevos impulsos al
proceso reformador emprendido por el abanico de organizaciones políticas y
sociales de la Bolivia
pobre
Mientras tanto,
la elite racista, depredadora y mediocre que ha saqueado las arcas públicas
desde siempre, que ha entregado las riquezas del país a las empresas
multinacionales a precio de ganga y ha gobernado con mano de hierro registrando
el dudoso honor de tener el mayor número de golpes de Estado de todo el
continente y de convertir a esa inmensa mina de recursos naturales en el
segundo país más pobre de toda el área después de Haití, seguirá planificando
conspiraciones.
Van por Evo pero
se equivocan de enemigo. Es un pueblo entero el que impulsa los cambios que él
aplica.
No es que no lo
sepan. Es que no lo pueden aceptar.
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