El juez federal
Norberto Oyarbide sobreseyó a tres directivos de la empresa Soho, que explotaba
a indocumentados, por considerar que este sistema de extrema precarización
corresponde a “pautas culturales de pueblos originarios”. Un fallo
absolutamente ignorante y discriminatorio que demuestra, una vez más, la
finalidad de la Justicia :
la impunidad.
Por Luis Zarranz
Cualquier
ciudadano con un mínimo de información sobre la realidad del país tiene el
derecho (y el deber) de sembrar sospechas sobre la Justicia argentina. Pero
a veces las noticias superan lo imaginable: el juez federal Norberto Oyarbide
sobreseyó a los responsables de una empresa de indumentaria, que explotaba a
inmigrantes indocumentados, por considerar que este sistema de precarización era
herencia de “pautas culturales de pueblos originarios”.
Un fallo
absolutamente discriminatorio para exculpar a tres directivos de la empresa
SOHO, que vende su indumentaria a precios exorbitantes mientras paga a los
costureros salarios insignificantes.
Entre sus argumentos, si así se pueden llamar a la
serie de conceptos nazis vertidos en el fallo, el juez sostuvo que ese modo de explotación
sería herencia de "costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios
del Altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría" de los talleristas
y costureros, y que se trata de "un grupo humano que convive como un ayllu
o comunidad familiar extensa originaria de aquella región, que funciona como
una especie de cooperativa".
El ayllu era una forma de comunidad
familiar ampliada que trabajaba en forma colectiva en un territorio de
propiedad común, en el Altiplano, donde todos obtenían el mismo beneficio y a
lo sumo tributaban una parte de su producción al Estado incaico. La tradición
dice que allí no existían prácticas discriminatorias ni la posibilidad de
acumulación individual, todo lo contrario a esta forma extrema de explotación.
La otra
barbaridad que argumenta Oyarbide para sobreseer a los imputados es que no se
encontraría probada la finalidad de los acusados de "obtener directa o
indirectamente un beneficio" económico. Un disparate que no resiste ni el
análisis de un nene de dos años. ¿Cómo es posible que tres gerentes no tengan
como finalidad “obtener un beneficio económico”? El margen de ganancia de los
talleristas, gracias a la explotación de personas, es gigantesco y es el que
justifica cada una de estas vejaciones.
El origen
La causa se
originó a partir de una denuncia realizada por ex trabajadores de Soho y la Cooperativa La
Alameda, con el aval de Liga Argentina por los Derechos del Hombre, tras una
serie de inspecciones realizadas en 2007 por el gobierno porteño. En la
investigación, el fiscal federal Patricio Evers determinó que la empresa Gilmar
SA, que comercializa la marca Soho en los principales shoppings del país,
terceriza la confección de las prendas en talleres clandestinos, donde trabajan
extranjeros indocumentados.
Las empresas
madres que tercerizan su producción son co-responsables de las condiciones en
que sus contratistas emplean a sus trabajadores. De esta manera, Sánchez
Anterino, Gabina Sofía Verón y Hermes Raúl Provenzano, responsables legales de
la firma Soho, estaban imputados por el delito de reducción a la servidumbre.
La firma tercerizaba
trabajos de costura en, al menos, dos talleres donde habían detectado la
presencia de extranjeros indocumentados, que trabajaban doce horas por día, con
haberes de entre 500 y 900 pesos mensuales y vivían en una piecita que les
alquilaban los propios talleristas.
En el momento en
que se presentó la denuncia, el fiscal había asegurado: "Ningún empresario
contrata un taller de costura sin tener un mínimo de contacto previo donde se
le garantice el cumplimiento de los plazos y las normas de calidad". "Esta
circunstancia de explotación laboral -añadió- no sólo no puede ser desconocida
por los empresarios sino que, por el contrario, indica que es consentida y tácitamente
favorecida, para obtener mayor producción a menor costo".
El fallo racista
y discriminatorio de Oyarbide, que culpabiliza a las víctimas por las
condiciones en la que es empleado, fue apelado por el fiscal Luis Comparatore y
por el abogado de la querella, Rodolfo Yanzón quien rechazó los argumentos que
aluden a las "antiguas costumbres de los pueblos originarios”.
Según el informe
que Jaque al Rey elaboró, a pedido
de los familiares de Cromañon y que fue entregado a cada uno de los
legisladores porteños el 10 de diciembre pasado, el sistema de talleres
clandestinos está basado en el tráfico de personas y el trabajo esclavo.
Esa
investigación reveló que: “Los talleres
clandestinos no son un fenómeno aislado sino un verdadero sistema clandestino
de producción basado en el trabajo esclavo. La trata y el tráfico tienen por
objeto maximizar las ganancias y son un paraíso de flexibilización laboral
donde no existe el más mínimo derecho laboral y donde se pone el riesgo de los
trabajadores y sus familias que son obligadas a vivir y trabajar en pésimas
condiciones. La lucha contra el trabajo esclavo no significa, en efecto, sólo
un problema laboral sino ante todo de derechos humanos.
Tal formidable sistema de violación
sistemática de los derechos humanos, donde decenas de miles de inmigrantes son
traídos mediante engaños de sus países de origen para ser sometidos a la más
brutal explotación; donde se pagan centavos por prendas que se venden a precios
astronómicos; donde la evasión en materia provisional, impositiva y de cargas
sociales es varias veces millonarias no podría existir jamás si no existiera el
consentimiento directo o indirecto, subjetivo u objetivo, de importantes áreas
del Estado.
Miles de esclavos pasan anualmente por las
fronteras ante la mirada impávida de los funcionarios de migraciones; decenas
de talleres pagan peaje a las comisarías y a los inspectores en los barrios de la Ciudad Autónoma y
la cadena sigue, perpetuando así las condiciones de extrema vulnerabilidad de
estos trabajadores”.
Sin embargo, ahora
resulta que los esclavos lo son por respecto a la cultura ancestral de su lugar
de origen. El fallo de Oyarbide demuestra una ignorancia tal que obliga a
debatir las capacidades mentales de un hombre encargado de administrar
Justicia. No faltará mucho para que se argumente
que los niños tobas de Formosa se mueren de hambre por “costumbre hereditaria”.
La cultura
aymara tiene, como pocas, una impresionante concepción de lo comunitario basada
en la solidaridad. “Esto no tiene nada que ver con un sistema donde un grupo
trabaja para un patrón que lo somete, doce horas por día, a destajo, un triste
sistema de esclavitud", sostuvo el cónsul general de Bolivia, José Alberto
González.
"El
ayni –trabajo en comunidad dentro del ayllu- no reconoce la esclavitud o la
servidumbre; no existe la figura del caporal (capataz), todos son
propietarios", enfatizó el cónsul. “Quien sostiene un argumento de este
tipo -concluyó- lo hace por desconocimiento o por interés."(Publicada en el sito "Jaque al Rey", 17 de mayo de 2008)
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